CURIOSIDADES DEL 16 DE JULIO: DIA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

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Cada 16 de julio el Servicio Penitenciario Federal (SPF) celebra su día al conmemorar un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen del Carmen, patrona de la institución.

Su lema es «Justicia y Fe para cumplir la misión»

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) es una institución que administra los establecimientos penitenciarios federales y lleva a cabo programas criminológicos de seguridad y reinserción. Fue creado en 1933 a través de la Ley Nº 11833 “De Organización Carcelaria y Régimen de la Pena”.

Antes de la consolidación del servicio penitenciario, todo lo relacionado con el control, aprovisionamiento, personal y demas actividades inherentes al sistema eran cuanto menos inciertas y bastante caóticas. Algunos de estos aspectos comenzaron a discutirse hacia la década de 1820, especialmente los vinculados a la formación de los magistrados encargados de juzgar a las personas y a la organización de una estructura letrada capaz de sostenerse tanto en la ciudad como en la campaña.  Esta última fue inviable por entonces y logró establecerse recién en 1853 a partir de los Departamentos Judiciales con cabeceras en San Nicolás, Mercedes y Dolores, que se sumaban al de la ciudad de Buenos Aires.

La existencia de la justicia criminal implicaba necesariamente la de las cárceles donde los acusados esperaban la finalización de los procesos judiciales. Por ello, cárceles y tribunales criminales coexistieron en el mismo edificio o en casas aledañas. Las condenas cuando se hacían efectivas eran cumplidas, generalmente, en las filas de las fuerzas militares.

En la provincia de Buenos Aires el devenir de las cárceles estuvo estrechamente ligado al de la justicia criminal dado que, al menos en el interior del territorio, solían coexistir en los mismos espacios o muy próximos, al mismo tiempo que conformaban dos etapas diferentes pero vinculadas del castigo legal.

Los lugares seleccionados para la instalación de los jueces letrados – San Nicolás, Mercedes y Dolores – no resultaron casuales ya que facilitaba instaurar una parte relevante de la presencia estatal en una porción importante del territorio provincial. Además en esos puntos existían o habían existido cárceles.  El establecimiento de los juzgados hizo necesario contar con cárceles donde alojar a los procesados mientras se desarrollaban los procesos penales. Según estudios , las condiciones de estos edificios fueron precarias dado que en ningún caso aquellos fueron diseñados para cumplir con las funciones de encierro. Las deficiencias fueron señaladas con frecuencia por los alcaides de las distintas cárceles. Según las autoridades, las construcciones existentes distaban de ser las adecuadas para retener a las personas alojadas. Por ello, en varios casos se las “aseguraba” con grilletes o se buscaban otras alternativas. Sin embargo, en ocasiones tampoco se contaba con los elementos necesarios a pesar de la asignación de un presupuesto por ley para el servicio y custodia de las cárceles públicas de los departamentos judiciales. La escasez material pareció ser una constante. Por ello, no era inusual que se construyeran cepos para evitar las fugas y que se cobrara el “impuesto de carcelaje” a los presos para su manutención.

A fines de 1868 el alcaide de la cárcel de Mercedes, Fructuoso Gómez, se dirigió al juez del crimen de ese departamento, José Antonio de Zabalía, con el propósito de informarle – y reclamar por su intermedio a las autoridades provinciales – la falta de pago de los estipendios correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre. Esta circunstancia implicaba que los guardiacárceles “además de servir de mal grado, esta(ba)n prestos a dejar el servicio”. La situación se veía agravada por la ausencia de uniformes y la escasez de armas, dado que para las 20 personas que custodiaban a los presos había solo 9 tercerolas (arma larga similar al fusil) y 6 machetes. Para cerrar su pedido agregó que “la escasez de gente actualmente y la razón que (…) encuentro a estos pobres hombres que no cuentan para sostener sus familias con más recursos que ese mezquino sueldo, me han impulsado a dirigir a V. S. la presente, a fin de que V. S. se sirva arbitrar los medios que crea conveniente para evitar este mal, porque de lo contrario (…) todos están al parecer prontos a borrarse de la partida». Los inconvenientes no terminaron allí, ya que una vez que el juez Zabalía elevó la nota del alcaide, desde Contaduría de la provincia se le notificó que todos los sueldos adeudados habían ya sido entregados al apoderado del juzgado de paz Don José Antonio Mónes Ruiz. Además se informó que las cuentas de la cárcel no habían sido rendidas desde el año anterior y que el responsable era el propio magistrado. Zabalía intimó al juez de paz para que informara cuántos eran los meses adeudados, el motivo de la falta de rendición de las cuentas, así como la persona responsable de realizarla. El juez de paz, Domigo Gorostiaga, respondió que los sueldos se habían abonado recientemente – a excepción del mes de octubre de 1868 -, que la rendición era responsabilidad suya y que el vestuario había sido solicitado en reiteradas oportunidades. Así culmina el expediente, aparentemente con los sueldos abonados en parte y dejando pendientes cuestiones que no resultaban menores en la dinámica cotidiana de la cárcel, como los uniformes para los guardias, que permitían una clara distinción entre estos y los detenidos, así como las armas consideradas indispensables para el mantenimiento del orden.

Fuente: Vínculos Complejos: Carceles, Estado y Sociedad en la Provincia de Buenos Aires durante la Segunda Mitad del S XIX, Melina Yangilevich, Revista de Historia

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